La exmandataria desafía los límites de la legalidad y la lógica institucional al intentar recuperar, desde un escritorio en Ginebra, lo que perdió en los tribunales argentinos y en la voluntad popular.
Hay algo profundamente conmovedor, casi literario, en esa obstinación de Cristina Fernández de Kirchner por volver a ser lo que la Justicia le ha dicho, con todas las letras y todas las instancias, que ya no puede ser, y es que después de haber ocupado todos los despachos, todas las cámaras y todos los balcones, ahora pretende que un comité de burócratas en Ginebra, sin jurisdicción, sin toga y sin voto argentino, le devuelva por secretaría lo que perdió en los tribunales y en las urnas, como si la República fuese un trámite reversible ante la ONU.
Digámoslo sin eufemismos y sin la niebla espesa del relato, porque los datos están y son tozudos: el Tribunal Oral Federal 2 la condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa Vialidad, donde se probó el direccionamiento de cincuenta y una obras públicas en Santa Cruz a Austral Construcciones de Lázaro Báez, con sobreprecios delirantes y un perjuicio calculado en ochenta y seis mil millones de pesos; esa condena fue confirmada por la Cámara Federal de Casación en noviembre de 2024 y quedó firme el 10 de junio de 2025 cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una resolución unánime de sus tres miembros, rechazó el recurso extraordinario por inadmisible y dejó en pie la cosa juzgada, con lo cual no estamos ante una opinión ni ante una persecución, estamos ante una delincuente condenada con sentencia firme e inhabilitación accesoria prevista en los artículos 19 y 20 del Código Penal, que el Código Nacional Electoral y la ley de partidos traducen con una claridad que ni siquiera el kirchnerismo puede reescribir.
Y aquí es donde el intento de alquimia internacional se vuelve parodia, porque se invoca a Lula da Silva como si Brasil y Argentina compartieran expediente, cuando lo que ocurrió en Brasilia fue exactamente lo contrario de lo que ocurrió en Buenos Aires, ya que el Supremo Tribunal Federal nunca absolvió a Lula por inocente sino que anuló su condena por incompetencia territorial y por parcialidad del juez Sergio Moro, sin pronunciarse sobre el fondo de la corrupción en Petrobras, mientras que en la Argentina la condena de Cristina atravesó el juicio oral, la casación y la Corte Suprema sin que ningún juez declarara incompetencia ni parcialidad, y pretender equiparar ambas historias es un fraude intelectual; más frágil aún es la apuesta por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, cuyos dictámenes, según el propio Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no son vinculantes, no derogan fallos nacionales, no suspenden inhabilitaciones perpetuas y no convierten a un tribunal internacional de opinión en una cuarta instancia del Poder Judicial argentino, por mucho que se busque construir con ello un ruido político y diplomático que disimule lo esencial, que es la deslealtad institucional de quien jura defender la Constitución y a la vez intenta desconocerla por ventanilla.
Lo que se esconde detrás de esa coreografía de victimización no es jurídico sino crudamente político, porque sostener la ficción de la candidata proscripta le permite a Cristina Fernández reinstalar su centralidad en un peronismo exhausto, bloquear cualquier renovación que amenace su jefatura, mantener cautiva a su base con la épica del lawfare y presionar al sistema judicial con la amenaza latente de que, si no la dejan volver, será la democracia la que quede bajo sospecha; es un manual viejo y eficaz donde la condena se vuelve proscripción, la prueba se vuelve persecución y la inhabilitación perpetua, que es la consecuencia republicana más sana frente a quien defraudó al Estado desde la cúspide del poder, se presenta como una injusticia cósmica, cuando en realidad es exactamente lo contrario, la confirmación de que nadie, ni siquiera quien gobernó dos veces la Nación y se creyó eterna, puede volver a ocupar un cargo público después de haber sido condenada por robar al pueblo que decía representar.
Por
Claudio Novillo
Periodista | Ciencia | Actualidad | Analisis
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