En Argentina, la vivienda figura como un derecho en la Constitución, pero en la calle funciona como un privilegio reservado para pocos. Hay familias que llevan cincuenta años alquilando: cincuenta años firmando contratos, mudándose, pagando fortunas y viendo cómo la idea de la casa propia se aleja cada vez más. Medio siglo viviendo de prestado. Medio siglo sin raíces.
Los alquileres ya no son caros: son directamente asfixiantes. Suben más rápido que los salarios, más rápido que la inflación y más rápido que cualquier posibilidad de ahorro. Las expensas se convirtieron en otra condena mensual: cifras absurdas para sostener edificios deteriorados y estructuras administrativas eternas. A eso se suman garantías imposibles, inmobiliarias sin control y contratos redactados para que siempre pierda el mismo: el inquilino.
El crédito hipotecario es una ficción de campaña. Los bancos piden ingresos irreales, anticipos inalcanzables y condiciones que dejan afuera incluso a trabajadores formales. Se anuncian créditos como si fueran soluciones históricas, pero para la mayoría son tan lejanos como ganarse la lotería.
Después aparece la gran promesa del mercado: comprar “en pozo”. Publicidades impecables, renders perfectos y cuotas eternas para departamentos que muchas veces jamás se entregan. Obras paralizadas, ahorros evaporados y desarrolladoras que desaparecen sin consecuencias. La estafa inmobiliaria dejó de ser excepción para convertirse en paisaje.
Mientras tanto, el Estado observa. Regula kioscos, controla precios mínimos y multiplica trámites inútiles, pero deja uno de los mercados más salvajes librado a su propia voracidad. Nadie pone límites. Nadie protege al que alquila. Nadie garantiza acceso real a la vivienda.
La consecuencia es brutal: generaciones enteras condenadas a vivir sin estabilidad, sin patrimonio y sin futuro. Personas que trabajaron toda su vida y jamás pudieron comprar un techo. Hijos que heredan el mismo destino de alquiler perpetuo que vivieron sus padres.
La pregunta ya no es económica. Es moral. ¿Cómo puede un país que fabrica cemento, ladrillos y edificios expulsar a su propia gente del derecho básico de tener un hogar? ¿Hasta cuándo vamos a aceptar que vivir bajo un techo propio sea un lujo y no una condición mínima de dignidad?
Por
Claudio Novillo
Periodista | Ciencia | Actualidad | Analisis
Mas de 40 anos de trayectoria en medios de comunicacion, con una mirada comprometida con la informacion y el pensamiento critico.