Hay algo profundamente incómodo —y revelador— en el caso de Noelia. No por la tragedia íntima de una mujer que pide morir, sino por el espectáculo público que se monta alrededor de su decisión. Porque en cuanto una persona decide ponerle punto final a su propio sufrimiento, aparecen los de siempre: los guardianes de la moral ajena, los custodios de la fe… y, cómo no, los litigantes profesionales del dolor.
La historia es conocida, pero no por eso menos irritante. Noelia pidió la eutanasia. El Estado, tras sus protocolos, la concedió. Y entonces su padre —armado no solo de amor, que sería comprensible, sino de convicciones religiosas convertidas en cruzada— decidió que su hija no tenía derecho a decidir sobre su propia vida. O mejor dicho, sobre su propia muerte. Resultado: un vía crucis judicial de más de un año. Una vida suspendida. Una muerte postergada. Un limbo que nadie votó, pero que alguien impuso.
Conviene decirlo sin rodeos: no se trató de proteger a Noelia. Se trató de imponer una cosmovisión. Porque cuando organizaciones como Abogados Cristianos convierten estos casos en bandera, el debate deja de ser clínico, jurídico o humano. Pasa a ser ideológico. Y bastante agresivo, además. No es la duda razonable la que los moviliza; es la certeza dogmática.
Se nos suele decir, con tono grave, que hay que asegurarse de que la persona está en plenas capacidades. Perfecto. Nadie discute eso. Pero lo que no se dice —o se dice en voz muy baja— es que esa evaluación ya existe, que forma parte del procedimiento. Noelia no improvisó su decisión en una tarde melancólica. Pasó por filtros médicos, psicológicos y administrativos. Y aun así, su voluntad quedó en pausa porque alguien, desde fuera, decidió que sabía más sobre su sufrimiento que ella misma.
El otro argumento estrella es aún más resbaladizo: ¿Cómo se mide el sufrimiento mental? Buena pregunta. Pero cuidado: no se puede convertir esa dificultad en excusa para anular la autonomía. Porque entonces entramos en un terreno peligroso: el de decidir que ciertos dolores no cuentan, o que ciertas personas no son lo suficientemente dueñas de sí mismas como para decidir.
Y ahí es donde el caso se vuelve inquietante. Porque la ley de eutanasia, al no definir con precisión quién puede oponerse, dejó abierta una grieta. Y por esa grieta se coló todo: el amor paternal, sí, pero también la ideología, el activismo judicial y, en última instancia, una forma bastante elegante de secuestrar decisiones privadas.
La pregunta no es menor: ¿quién tiene derecho a impedir que alguien muera como ha decidido? ¿Un padre? ¿Un juez? ¿Una asociación religiosa? ¿El Estado? Si la respuesta es “todos”, entonces la ley es una ficción. Si la respuesta es "nadie", entonces hay que blindarla mejor.
Porque lo que ocurrió con Noelia no es solo un caso. Es un precedente. Uno que invita a otros a hacer lo mismo: recurrir, dilatar, obstaculizar. Convertir decisiones íntimas en batallas públicas. Y, de paso, transformar el sufrimiento ajeno en campo de pruebas ideológico.
Al final, la cuestión es brutalmente simple: la libertad de morir es inseparable de la libertad de vivir. Si no somos dueños del final, tampoco lo somos del trayecto. Y cuando la Iglesia —o cualquier sistema de creencias— decide intervenir en ese momento, deja de ser guía espiritual para convertirse en poder terrenal. Uno que legisla sin votos y juzga sin responsabilidad.
Noelia no necesitaba salvadores. Necesitaba respeto. Y eso, curiosamente, fue lo único que no tuvo.
Por: Claudio Novillo
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